La subida del tipo de IVA general del 16% al 18% ha supuesto un castigo más para las PYMES españolas. El retardo en el cobro de la mayoría de las facturas hace que las pymes tengan que financiar un incremento del importe del IVA que se añade a la restricción del crédito por parte del sistema bancario. Esto ha supuesto un estrangulamiento más de la liquidez en las pymes con lo que el incremento porcentual del IVA ha perjudicado a la tesorería de las pymes.
Si bien el IVA es un impuesto neutral que se paga al proveedor y se cobra del cliente, y posteriormente se liquida la diferencia a la Hacienda Pública, el hecho de que las empresas e instituciones se paguen con retraso, provoca que las pymes tengan que liquidar a hacienda un IVA que no se ha cobrado, por lo que este incremento del tipo impositivo ha significado en muchos casos un castigo financiero más, añadiéndose al cierre del grifo crediticio que financiaba el circulante de las empresas.
¿No sería más justo pagar el IVA que se cobre?
Es decir, modificar la ley para que en caso de las empresas de reducida dimensión se pueda declarar en función del cobro en lugar del criterio del devengo (emisión de la factura). Esta medida ayudaría en mucho a las finanzas de las PYMES españolas, ya que aumentaría su capacidad de maniobra financiera y a la vez sería un pago de impuestos “justos”.
Además, las pymes manifiestan que el incremento del IVA no siempre ha podido repercutirse en el precio final con lo que las pymes han tenido que asumir ese incremento con la consiguiente pérdida en el margen económico de sus operaciones.
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