El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos-ley en materia de vivienda, después de que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba décadas viviendo en su vivienda en Madrid, haya reabierto el debate sobre la protección de las personas vulnerables y el papel de los propietarios.
Entre las medidas aprobadas se encuentran la ampliación hasta 2030 de la protección frente a determinados desahucios, la prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler, nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones, y la renovación automática de contratos, además de otras medidas fiscales y de impulso a la vivienda pública.
Para Eduardo Molet, experto inmobiliario, las nuevas medidas vuelven a abordar el problema de la vivienda principalmente desde la regulación y la protección del inquilino, cuando el problema estructural sigue siendo la falta de oferta.
“España lleva décadas sin resolver de verdad el problema de la vivienda, con este Gobierno y con los anteriores. Proteger a las personas vulnerables es una obligación de las administraciones, no una responsabilidad que deba recaer sobre el propietario privado. Propiedad privada y protección social son perfectamente compatibles”, afirma Molet.
“No podemos convertir al propietario en el responsable de la política social”
Molet considera que el caso de Maricarmen ha puesto de manifiesto una cuestión que, a su juicio, no debería resolverse trasladando la responsabilidad al propietario de la vivienda.
“El caso de Maricarmen no es un fracaso de la propiedad privada, sino de las administraciones. Si una persona vulnerable necesita una solución habitacional, las administraciones deberían haber actuado antes y ofrecerla. No podemos esperar a que una persona sea desahuciada y que su caso se convierta en noticia para empezar a buscar una solución”, señala.
El experto considera positivo que se busquen mecanismos para evitar que una persona vulnerable quede sin alternativa habitacional, pero cuestiona que la respuesta pase fundamentalmente por impedir o retrasar que el propietario pueda recuperar su vivienda.
“Hay que proteger a Maricarmen y a cualquier persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. La cuestión es quién debe hacerlo. Si el Estado considera que una persona necesita protección social, debe poner los recursos públicos necesarios. El propietario particular no puede convertirse en el parque público de vivienda de facto”, sostiene.
Más protección sin más vivienda no resuelve el problema
Para Molet, una de las principales limitaciones de los decretos aprobados hoy es que no atacan suficientemente la falta de vivienda disponible.
“Podemos prorrogar contratos, regular los alquileres de temporada, ampliar la protección frente a los desahucios o establecer nuevas obligaciones para los propietarios, pero ninguna de estas medidas crea una vivienda nueva”, apunta.
España arrastra un déficit acumulado de alrededor de 750.000 viviendas respecto a la creación neta de hogares entre 2021 y 2025, según estimaciones del Banco de España.
“Tenemos un problema evidente de oferta. Se crean hogares y no se construyen suficientes viviendas. Si no incrementamos la oferta, la tensión continuará y el acceso a la vivienda seguirá siendo especialmente difícil para los jóvenes”, explica.
El experto advierte además de que una regulación que aumente la incertidumbre para los propietarios puede terminar teniendo efectos sobre la propia oferta de alquiler.
“Si cada vez ponemos más límites a lo que puede hacer un propietario con su vivienda y modificamos continuamente las reglas de los contratos, habrá propietarios que decidan vender, no alquilar o buscar otras alternativas. Y una vivienda que sale del mercado del alquiler es una vivienda menos disponible”, afirma.
“No se puede legislar en caliente”
Molet considera que el debate generado por el caso de Maricarmen demuestra precisamente la necesidad de abordar la política de vivienda desde una perspectiva de largo plazo.
“Un caso dramático puede y debe hacer que las administraciones reaccionen, pero no podemos legislar en caliente cada vez que un problema llega a los medios. La vivienda necesita acuerdos de Estado y una estrategia que se mantenga durante décadas, no cambios constantes de las reglas”, señala.
A su juicio, la solución pasa por combinar más vivienda pública y más oferta privada, sin enfrentar ambos modelos.
“Necesitamos construir mucha más vivienda. Necesitamos un parque público de alquiler mucho mayor para que las administraciones puedan atender directamente a las familias vulnerables y necesitamos que el propietario particular tenga seguridad jurídica para seguir poniendo viviendas en alquiler”, explica.
“La solución para Maricarmen no puede ser que el propietario pague la política social”
Para Molet, el desenlace del caso de Maricarmen demuestra además que existen soluciones que pasan por la mediación y la colaboración entre las partes. La mujer podrá volver a su vivienda tras el acuerdo alcanzado con la empresa propietaria, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, mediante un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta limitada en función de sus ingresos.
“Lo que ha ocurrido finalmente con Maricarmen demuestra que muchas veces hay soluciones si las administraciones intervienen a tiempo y facilitan un acuerdo entre las partes. La respuesta no tiene por qué ser enfrentar al propietario con el inquilino”, apunta.
Por ello, el experto reclama que las administraciones refuercen los mecanismos de mediación y, sobre todo, dispongan de un parque público suficiente para responder cuando una familia no pueda hacer frente a su vivienda.
“Si una persona está en situación de vulnerabilidad, hay que ayudarla. Pero esa ayuda debe venir de las administraciones. No podemos resolver un problema social utilizando como recurso la vivienda de un particular”, concluye Molet.
“España necesita más vivienda, más vivienda pública y más seguridad jurídica. Si queremos solucionar de verdad el problema, tenemos que aumentar la oferta y dejar de trasladar al propietario particular una responsabilidad que corresponde a las administraciones. Intervenir cada vez más el mercado sin aumentar el número de viviendas puede terminar perjudicando precisamente a quienes más dificultades tienen para acceder a ellas, especialmente los jóvenes.”