NO hay nadie que se atreva a cambiar los privilegios de los funcionarios en cuanto a seguridad laboral pero la actual crisis está potenciando medidas que erosionan el bienestar social y ganancias ya asumidas por los ciudadanos. En el campo laboral, veremos muy pronto el debate de erradicar ciertos blindajes en el cuerpo funcionarial y medidas para acabar con el contrato de por vida y su equiparación al contrato normal de cualquier trabajador por cuenta ajena.
Y es que los políticos no saben como sacarnos de esta crisis. Y entonces tendrán que reaccionar ante el embite de los especuladores internacionales que presionarán por medidas draconianas en torno a la reforma de medidas estructurales, entre ellas el estatuto de los funcionarios. Se los van a cargar literalmente hablando.
En plena campaña de elecciones de algunas zonas del país, el tema quedará aparcado por los políticos ya que no se atreverán ni tan siquiera a plantearse cualquier tipo de reforma. Estas son necesarias y hay que introducir elementos adicionales a la remuneración y productidad de los funcionarios.
Lo que se está planteando no es ninguna discriminación. Es simplemente una igualdad de derechos entre todos los ciudadanos y trabajadores. ¿Por qué en una coyuntura social y económica que va a perdurar posibelmente décadas, unos tienen que ser más guapos que otros.
El camino de las reformas no ha hecho más que empezar. Ya se escucha alguna voz, como la del Vicepresidnete del Gobierno Manuel Chaves en aras a discutir con las fuerzas sociales. Otros como el nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, indican que se aplique a los nuevos funcionarios una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la de la empresa privada y una retribución variable ligada a la productividad.
Lo que harán es tomar una decisión para dentro de unos años, por ejemplo el 2025, con lo que a los actuales funcionarios no les afectará y así no se manifestarán en contra de la medida, o por lo menos con menor contundencia.
En otros países ya se ha empezado a actuar. Y el pánico ha llegado a nuestros funcionarios que empiezan a discutir y planear futuros escenarios en su propia casa. Es lógico que se organicen y defiendan su estatus y sus privilegios. Cualquiera lo haría en su posición.
Desde nuestra plataforma queremos comunicar que una Administración más ligera no iría nada mal. Se eliminarían procesos y burocracia, y se aligeraría una jeraquía que mantiene a la propia Administración en situación de parálisis o de gigante sin movimiento. Lo más necesario es eliminar a todos aquellos jefes que desempeñan cargos dudosos y de poca repercusión para el bienestar social y del propio funcionamiento de la Administración. De estos hay muchos y la productividad de las administraciones públicas aumentaría de forma espectacular, además del consiguiente ahorro en las cuentas del Estado, autonomías y entes locales.
Pero es que aquellas personas que perdiesen el empleo, podría iniciarse como Emprendedores y vivirían mejor y con más felicidad, además de un desarrollo profesional no conocido por ellos mismos. Habría que formales lógicamente pero eso es totalmente asumible por la sociedad.
¿Quién empezará con la rotura de este bucle de la estabilidad de los funcionarios? Posiblemente serán los especuladores de los mercados internacionales quienes impondrán su criterio.